Andan revueltos los papeles en los últimos días hablando de la posibilidad de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Campo San Francisco. Y digo los papeles porque el eco mediático que esta propuesta está teniendo es inversamente proporcional a la importancia que se le está dando en la calle, donde probablemente lo único que importe sea cómo se puede conseguir: 1.Evitar un expolio a la ciudad como supone regalar el subsuelo a una empresa privada para que pueda explotar un párking en la zona de Uría y 2. Salvar las consecuencias que sobre dicho espacio, el Campo San Francisco, tendrían las propias obras de construcción del aparcamiento.
Centrémonos en los hechos y las consecuencias. Por ejemplo, si una ciudad necesita agua, ese es un hecho, y si no se toman medidas (fomento del ahorro en el consumo, búsqueda de posibles yacimientos o infraestructuras para el abastecimiento…) la consecuencia será que la ciudad en cuestión, o el territorio, podrán sufrir restricciones en el abastecimiento… pero también puede optarse por soluciones erróneas –incluso con buena voluntad- que lleven a la misma conclusión no deseada. Analicemos ahora los hechos que nos ocupan. Un buen día el Ayuntamiento, encarnado en las decisiones unipersonales y cuasi caprichosas de un alcalde venido a más en su grandonismo –y a menos en su capacidad de gestión racional-, decide saldar la deuda adquirida tras una nefasta gestión de la expropiación de Villa Magdalena (no consignación del justiprecio, incremento del valor de la expropiación tras retasación y acumulación de intereses que han multiplicado el dinero que el Ayuntamiento tendría que pagar por una expropiación que, bien realizada, se debería haber saldado en una cantidad en torno a los 4 millones y cuya deuda ronda ahora los 60) invitando a la empresa acreedora a una ronda de ciudad. Sí, invitando a una ronda de ciudad, no tiene otro nombre, y “será por perres, que esto es todo mío, ven y sírvete, y así apañamos lo nuestro”. Suena a broma (y a pitorreo nos toman un poco a la ciudadanía ovetense, sí), pero eso es lo que se desprende cuando un alcalde regala un espacio del subsuelo para la explotación “ad infinitum” de un párking en el corazón de la ciudad, así como unos golosos terrenos en una de las zonas de más crecimiento de la ciudad para construir unos cuantos bloques (y, de paso, perjudicar las posibilidades de estacionamiento de los vecinos de la zona, ya que los terrenos en cuestión ocupan ahora un espacio de aparcamiento que solventa las necesidades de una zona de crecimiento residencial y comercial). Obviamente, ante esto, e independientemente de la desfachatez política que supone no asumir responsabilidades por los garrafales errores de la expropiación de Villa Magdalena, surgen diversas dudas, que enlazan directamente con las consecuencias:
¿Es necesario un nuevo aparcamiento en la zona centro? Yo diría que hay unos cuantos, y en todo caso personalmente apostaría por modelos europeos, de construcción de aparcamiento en rondas exteriores y fomento y mejora del transporte público para llegar al centro desde estos.
¿El regalo del Alcalde para salvar una deuda provocada por su ineficaz gestión comprende sólo y exclusivamente subsuelo –algo que podría ser en principio legal-? Hombre, los parkings suelen tener accesos externos, y la obra contempla una modificación total de la Calle Uría y colindantes, además de suponer un peligro para la salud del principal pulmón de Oviedo en la zona centro, el Campo San Francisco, cuyos árboles, algunos centenarios, es más que probable que se vieran afectados (igual que le sucedería al mosaico del Paseo de Los Álamos, que en un alarde de imaginación el proyecto plantea trasladar, ya explicarán cómo).
Bien, esos son los hechos y las desastrosas consecuencias. ¿Cómo evitar esas consecuencias?
Hay quienes consideran que la panacea que evitará la construcción del párking es la declaración del Parque como BIC. Bien, ¿puede la declaración de BIC evitar las consecuencias? Un análisis simple de la situación podrá decirnos que sí. Obviamente, cualquier persona presumirá que la protección de un espacio como Bien de Interés Cultural servirá para atajar posibles excesos urbanísticos. ¿Sí? Sí, desde luego que así sería si la declaración se diera antes de que el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa acreedora estuviera ya firmado. Por contra, actualmente, la consecuencia directa de la declaración del Campo San Francisco como Jardín Histórico (la figura en la que se incluiría) conllevaría que, de pararse las obras sin que medie intervención judicial, y toda vez que según el PGOU es posible construir un parking en ese terreno (la ilegalidad no proviene de hecho en sí de construir un párking) la responsabilidad se derivaría a otra administración, la autonómica, consiguiendo milagrosamente que la empresa acreedora tenga que ser compensada –al estar, repito, firmado el convenio- por una administración que nada ha tenido que ver en el problema. La consecuencia es clara: el creador del problema se va de rositas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la obra no se para si es legal: el modo de pararla es demostrar su ilegalidad, y su ilegalidad se demuestra acudiendo a los tribunales, aduciendo la ausencia de respaldo jurídico que tiene regalar un espacio de la ciudad a un particular para su explotación, modificando el espacio urbano –incluso el exterior, ya que la modificación simplemente del subsuelo podría entrar dentro de lo legal-, cambiando ordenación de tráfico, introduciendo entradas en la superficie para ése párking, y poniendo en peligro el propio Campo San Francisco. Optando por esa vía, la de los tribunales, denunciando la ilegalidad del convenio, quizás se consiga evitar las consecuencias que comentábamos antes, y quizás –nada de quizás, seguro, hay respaldo legal para ello- se consiga parar la agresión que supone el proyecto de párking para la calle Uría. Así es probable que sí se logre. Buscando soluciones simples sin pensar en las consecuencias de las mismas, no.
Y, desde luego, claro que me gustaría que el Campo San Francisco lograra la declaración de Jardín Histórico. Aunque esa figura no esté desarrollada en Asturias y aunque tal declaración conllevaría un largo proceso para su reglamentación y los posteriores trámites de información pública, además de conllevar problemas legales y litigios con particulares y con Ayuntamiento de Oviedo (la declaración de Jardín Histórico tendría que ceñirse al perímetro histórico del parque, por lo que abarcaría bastante más de lo que es actualmente, afectando a propiedades privadas y públicas, y posiblemente teniendo que llevar a cabo expropiaciones o asumir gastos “extra”, como sería el rescate del párking de La Escandalera que el alcalde quiere negociar). Aún así, ojalá el parque pueda sumarse a esa figura de protección en algún momento, de hecho, ojalá lo hubiera sido antes, lo que hubiera evitado la posibilidad de firma de ningún convenio entre el Alcalde (perdón, el Ayuntamiento) y la empresa acreedora. Ahora, una vez firmado, habrá de pararse en los tribunales, es lo lógico. Otras vías podrían derivar en resultados no deseados, ni siquiera para quienes plantearon la posibilidad de realizar ahora la declaración de BIC, puede que sin pararse a pensar las consecuencias que se derivarían de sus hechos. La solución está en los tribunales, y seguro que será la que queremos todas las personas que estamos en contra de tan tremendo ataque al corazón de nuestra ciudad.
Quizás sea que para el Alcalde todo vale, adular a los dictadores y luego acusar de cómplices y estalinistas al PSOE, y de suspuestas alineaciones casi judeomasónicas... pero es que ya ha conseguido Gabino de Lorenzo que nuestra capacidad de sorpresa esté anestesiada, ¿qué será lo próximo?
